Santo Domingo. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en diciembre, sacudió el panorama político al proponer un camino más accesible para los candidatos independientes. Sin embargo, un proyecto de ley presentado por la Junta Central Electoral (JCE) plantea estrictas condiciones que dificultarían su participación en los comicios.
El proyecto, que será analizado en una comisión especial de la Cámara de Diputados, impone exigencias como la recolección de miles de firmas, la falta de financiación estatal, la creación de una asociación cívica con requisitos rigurosos y la obligación de transparentar los fondos.
Según sus primeros artículos, los aspirantes independientes deberán postularse a través de una asociación cívica, que operará solo durante el proceso electoral y se disolverá tras los comicios. Esta asociación deberá cumplir con estrictos requisitos legales, como la descripción de su objeto social, datos de sus fundadores, un acta constitutiva, un Registro Nacional de Contribuyentes y una cuenta bancaria.
Además, estas asociaciones serán las únicas habilitadas para postular candidatos y deberán mantener un registro financiero detallado, con declaraciones fiscales periódicas ante la JCE. La situación se torna aún más compleja con la exigencia de que los candidatos presidenciales reúnan firmas equivalentes al 2 % del padrón electoral nacional, lo que supondría el respaldo de al menos 162,910 votantes, tomando en cuenta el padrón de 2024, que asciende a 8,145,548 ciudadanos.
Este proyecto de ley ha desatado un intenso debate sobre la viabilidad de las candidaturas independientes y el equilibrio en las reglas del juego electoral.
